Erin Brockovich exige transparencia a la industria de centros de datos

Erin Brockovich contra el secretismo de los centros de datos: transparencia ambiental en la era digital

Una nueva batalla para una veterana activista

Hay nombres que, cuando aparecen en una noticia, cambian inmediatamente el peso de la conversación. Erin Brockovich es uno de ellos. La activista que en los años noventa desafió a una de las corporaciones energéticas más poderosas de Estados Unidos —y ganó— ha vuelto a poner el foco en un sector que, según sus críticos, opera bajo un inquietante velo de secretismo: la industria de los centros de datos.

La noticia, reportada por TechCrunch a finales de mayo de 2026, confirma que Brockovich ha abierto un nuevo frente en su histórica cruzada por la justicia ambiental. Esta vez, sus objetivos no son tuberías oxidadas ni acuíferos contaminados con cromo hexavalente, sino servidores, refrigerantes industriales y millones de litros de agua que desaparecen silenciosamente de comunidades que, en muchos casos, ni siquiera saben que tienen un megacentro de datos en su vecindad.

Para comprender la magnitud de este nuevo enfrentamiento, es necesario entender tanto el legado de Brockovich como la magnitud del problema que señala. Porque esta vez, el adversario no es una sola empresa: es una industria entera que ha crecido a una velocidad vertiginosa, casi siempre por debajo del radar de la opinión pública.

“Los centros de datos de todo el mundo podrían duplicar o triplicar su consumo eléctrico hacia el año 2030, impulsados principalmente por la expansión de la inteligencia artificial.” — Agencia Internacional de Energía (AIE), informe 2024.

¿Qué son los centros de datos y por qué importan ambientalmente?

Los centros de datos son instalaciones físicas que albergan miles —a veces millones— de servidores, equipos de telecomunicaciones y sistemas de almacenamiento digital. Son, literalmente, el corazón palpitante de internet tal como la conocemos: sin ellos, no existirían las redes sociales, el comercio electrónico, la banca digital, las plataformas de streaming ni los modelos de inteligencia artificial que hoy dominan los titulares tecnológicos.

Empresas como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Meta y Apple operan redes globales de estas instalaciones que procesan cantidades astronómicas de información cada segundo. Con el auge explosivo de la inteligencia artificial generativa —impulsada por modelos como GPT, Gemini o Llama—, la demanda de capacidad computacional se ha disparado de forma exponencial desde 2022, y con ella, el impacto ambiental de esta infraestructura.

El problema es que este crecimiento ha ocurrido, en gran medida, fuera del escrutinio público. Mientras la industria automotriz, la manufactura o el sector energético tradicional están sujetos a regulaciones estrictas de reporte ambiental, los operadores de centros de datos han disfrutado históricamente de una relativa opacidad que hoy empieza a ser cuestionada con fuerza.

El agua: el recurso invisible detrás de cada búsqueda en internet

Uno de los puntos más impactantes que han salido a la luz en este debate es el consumo masivo de agua por parte de los centros de datos. Para que los servidores no se sobrecalienten y fallen, estas instalaciones requieren sistemas de refrigeración que funcionan, en su mayoría, con enormes volúmenes de agua. Lo que parece un problema técnico secundario se convierte en una crisis ambiental cuando se analiza a escala.

Los datos son contundentes y difíciles de ignorar:

• 500 mililitros de agua por cada conversación de entre 10 y 50 preguntas en ChatGPT, según investigadores de la Universidad de California en Riverside y la Universidad de Texas en Arlington.
• 5.600 millones de galones de agua consumidos por los centros de datos de Google solo en el año 2023, según el propio informe de sostenibilidad de la compañía.
• 34% de incremento en el consumo de agua de Microsoft entre 2021 y 2022, coincidiendo exactamente con la expansión masiva de sus servicios de inteligencia artificial.
• 300 instalaciones de centros de datos concentradas en Virginia del Norte, que consumen aproximadamente el 25% de toda la electricidad del estado, según datos del operador Dominion Energy.
• Regiones con escasez hídrica como el suroeste de Estados Unidos, zonas de España, Chile o Sudáfrica, que han visto instalarse centros de datos en sus territorios sin evaluaciones de impacto suficientemente públicas.

Este consumo resulta especialmente preocupante porque afecta recursos compartidos. Cuando un megacentro de datos extrae agua de un acuífero regional, está compitiendo directamente con comunidades agrícolas, hogares y ecosistemas que dependen del mismo recurso. Y cuando esa extracción no se reporta de forma transparente, la comunidad no tiene forma de saber que está ocurriendo.

“En múltiples comunidades de Estados Unidos, los residentes se enteraron de la construcción de megacentros de datos solo cuando las obras ya habían comenzado, sin haber tenido acceso a evaluaciones de impacto ambiental completas.”

El problema central: la opacidad corporativa como norma

La crítica más profunda que figuras como Brockovich dirigen a esta industria no es solo el impacto ambiental en sí mismo —que puede ser gestionable con las tecnologías y regulaciones adecuadas— sino la falta sistemática de transparencia con la que operan muchas de estas empresas.

En la práctica, muchas compañías tecnológicas no divulgan públicamente información crítica sobre sus operaciones ambientales. Entre los datos que habitualmente permanecen fuera del escrutinio público se encuentran:

• El volumen exacto de agua extraído de acuíferos, ríos o sistemas municipales en cada ubicación específica.
• Las emisiones de gases de efecto invernadero generadas directamente o a través del consumo eléctrico de cada instalación.
• Los productos químicos utilizados en los sistemas de refrigeración y su gestión como residuos.
• El impacto en ecosistemas locales y en la disponibilidad de recursos para las comunidades aledañas.
• Las proyecciones de crecimiento de cada instalación y su impacto futuro en la infraestructura pública de agua y energía.

Esta falta de información no solo representa un problema ético: tiene consecuencias regulatorias y políticas reales. Sin datos confiables y accesibles, los gobiernos locales no pueden planificar adecuadamente, los ciudadanos no pueden participar de forma informada en los procesos de aprobación, y los organismos reguladores no pueden evaluar con precisión los riesgos acumulados.

El legado de Brockovich: por qué su voz cambia la conversación

Para entender por qué la participación de Erin Brockovich en este debate genera un impacto genuino —más allá del valor simbólico—, es necesario recordar su historia con precisión.

En la década de 1990, Brockovich era empleada administrativa en el bufete de abogados Masry & Vititoe cuando comenzó a investigar la contaminación del agua potable en la comunidad de Hinkley, California. Descubrió que Pacific Gas and Electric Company (PG&E) había estado vertiendo cromo hexavalente —un compuesto altamente tóxico vinculado al cáncer y múltiples enfermedades graves— en el agua que bebían cientos de familias. La empresa lo sabía. Y lo ocultó.

El caso concluyó en 1996 con un acuerdo histórico de 333 millones de dólares para más de 600 demandantes: la mayor compensación jamás obtenida en una demanda colectiva directa en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. La historia fue llevada al cine en el año 2000 con Julia Roberts en el papel protagónico, película que ganó cuatro Premios de la Academia.

Pero Brockovich no se detuvo allí. Durante los siguientes veinticinco años continuó trabajando en casos de contaminación de agua en todo el país y en otros continentes, convirtiéndose en consultora de referencia en materia de justicia ambiental comunitaria. Su nombre es sinónimo de una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué están ocultando las empresas que contaminan el entorno de las personas?

Esa misma pregunta, trasladada al siglo XXI y a la industria tecnológica, es exactamente lo que está planteando ahora. Y tiene todo el sentido histórico del mundo.

El panorama regulatorio: avances lentos ante un problema urgente

El marco legal que rodea a los centros de datos está, en términos generales, significativamente por detrás del crecimiento de la industria. En Estados Unidos, no existe a nivel federal una normativa específica que obligue a estas instalaciones a reportar de forma uniforme su consumo de agua, sus emisiones o su impacto en los ecosistemas locales. La regulación varía drásticamente de un estado a otro y, en muchos casos, de un municipio a otro.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha iniciado revisiones de algunos marcos regulatorios relacionados con el uso industrial del agua, pero los avances legislativos han sido lentos. En el Congreso, algunos legisladores han presentado propuestas orientadas a exigir mayor transparencia, aunque sin lograr todavía una legislación comprehensiva y vinculante.

El contraste con la Unión Europea es notable. La Directiva de Eficiencia Energética y otros instrumentos regulatorios europeos han empezado a establecer obligaciones de reporte más precisas para los operadores de centros de datos, incluyendo métricas de uso de agua y energía. No es una solución perfecta, pero representa un avance significativo hacia la rendición de cuentas que activistas como Brockovich reclaman.

Lo que está en juego, en definitiva, no es solo la salud ambiental de algunas comunidades. Es la pregunta de fondo sobre si las corporaciones tecnológicas más poderosas del mundo deben operar bajo los mismos estándares de transparencia y responsabilidad ambiental que cualquier otro sector industrial. La respuesta, desde cualquier perspectiva de justicia social o ambiental, debería ser obvia. Y sin embargo, el debate apenas comienza.

Conclusión: transparencia digital para un planeta que también es físico

La irrupción de Erin Brockovich en el debate sobre los centros de datos es mucho más que una noticia de coyuntura. Es el síntoma de una tensión estructural que define nuestro tiempo: vivimos en una era donde la infraestructura digital crece a una velocidad sin precedentes, pero los mecanismos de rendición de cuentas ambiental no han evolucionado al mismo ritmo.

Los centros de datos no son entidades abstractas que flotan en una nube inmaterial. Consumen agua real de comunidades reales, emiten carbono real a una atmósfera real y toman decisiones de ubicación que afectan a personas reales que, en demasiados casos, no tienen voz en el proceso. La demanda de transparencia no es un capricho activista: es una condición básica para que la transición digital sea también una transición justa.

Las empresas tecnológicas tienen los recursos, la capacidad técnica y —si existe voluntad política y presión social suficiente— el incentivo para operar de forma más abierta y responsable. La pregunta es si esperarán a que llegue una nueva demanda histórica de miles de millones de dólares para cambiar, o si aprenderán del pasado antes de que la historia se repita.

Erin Brockovich aprendió hace décadas que el secretismo corporativo tiene un precio. Ahora está aquí para recordárselo a una industria que, hasta hace poco, creía estar por encima de esa lección.